Un mejor marco para el uso legítimo de la fuerza

El Estado, como se sabe, tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Pero esta definición no puede ser puramente conceptual, sino que requiere que los miembros de las policías que detentan el ejercicio de dicho monopolio puedan utilizarlo tranquilamente. Es lo que señaló el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuando solicitó que las leyes entreguen las herramientas para que los carabineros trabajen con seguridad.

Lo anterior confirma la preocupación por la inhibición de las policías para repeler agresiones o usar la fuerza cuando es necesario, producto de la falta de una legislación sistemática sobre uso de la fuerza. La ley Naín-Retamal, recientemente aprobada en el Congreso, busca subsanar este vacío.

Parece razonable dotar de un marco claro de acción a los carabineros para mantener el orden público con tranquilidad.

En primer lugar, aumenta las penas por atentados contra la vida y la integridad física de miembros de las policías. Además, establece medidas de protección administrativa, que evitan la suspensión de las remuneraciones de los policías cuando enfrentan un procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, establece medidas de protección como la legítima defensa privilegiada y mayores garantías procesales.

La tramitación de la ley se vio acelerada por la lamentable muerte de dos carabineros en servicio en semanas recientes, lo cual ocasionó problemas formales y, sobre todo, desencuentros entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición. En efecto, a pesar del apoyo del Ejecutivo en el último momento de la tramitación legislativa, los partidos oficialistas permanecieron en su postura de rechazar el proyecto y acudir al Tribunal Constitucional. Sólo la muerte de un tercer carabinero el miércoles pasado los forzó a desistir de esta determinación.

Por supuesto, lo ideal es que un proyecto de ley de esta relevancia se tramite de manera más pausada, a fin de analizar adecuadamente todas sus aristas y complejidades. Como resultado, el proyecto aprobado tiene algunas imperfecciones que pueden dificultar su implementación. Con todo, parece razonable haber dotado de un marco claro de acción a los carabineros, dándoles garantías de que podrán ejercer las funciones indispensables para mantener el orden público con tranquilidad.